En Honduras, la situación financiera de miles de ciudadanos se ha visto comprometida debido a las operaciones de Koriun Inversiones, una entidad que, sin estar registrada ni supervisada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), logró captar fondos de más de 35,000 personas en todo el país. Se estima que el capital total aportado por estos socios asciende a aproximadamente 5,500 millones de lempiras, lo que representa cerca del 1% del Presupuesto General de la República.
Este cálculo se basa en datos recopilados en Choluteca, donde 1,348 personas habrían entregado 212 millones de lempiras a la estructura financiera informal. Extrapolando esta relación a nivel nacional, considerando los 35,000 aportantes reconocidos públicamente por el gerente de la entidad, la cifra total alcanza los 5,504 millones de lempiras. En promedio, cada socio habría aportado cerca de 157,270 lempiras, aunque esta cifra podría variar debido a la falta de registros oficiales de los socios por parte de Koriun.
Tras el estallido del escándalo, el Ministerio Público informó que la empresa almacenaba su base de datos en una nube digital. Sin embargo, hasta ahora no se ha confirmado si los fiscales lograron acceder a esa información, que sería clave para la devolución de los fondos. Posteriormente, los representantes de Koriun aseguraron tener un registro interno en una computadora, pero también se desconoce si ese archivo fue entregado o inspeccionado por las autoridades.
Durante el aseguramiento de Koriun Inversiones, las autoridades encontraron 358 millones de lempiras en efectivo en las oficinas centrales y la residencia del gerente, sumados a 69 millones en cuentas bancarias, totalizando poco más de 427 millones de lempiras. Aunque la orden oficial fue devolver a todos los socios el capital aportado, la empresa comenzó a pagar primero las ganancias y luego a devolver el capital únicamente a quienes solicitaban retirarse.
Semanas después, en una reunión con la CNBS y el Ministerio Público, el gerente aseguró que gran parte del dinero había sido devuelto. Sin embargo, fuera de esas reuniones aún se reportaban socios reclamando sus aportes, evidenciando un claro desfase en el esquema financiero. Desde ese momento, los socios en las siete sedes de la empresa comenzaron a organizarse y recopilar sus documentos para esperar las instrucciones oficiales sobre la devolución de sus fondos.
El caso ha generado un intenso debate político y social. Algunos sectores consideran que cualquier intento del Gobierno por utilizar fondos públicos para indemnizar a los afectados por la estafa financiera de Koriun sería un acto ilegal, inmoral e irresponsable. Argumentan que el dinero de los contribuyentes no debe ser usado para cubrir lo que consideran un problema originado y manejado con negligencia por el propio Ejecutivo.
Por otro lado, los socios de Koriun han realizado protestas y bloqueos en diferentes partes del país, exigiendo la devolución de sus fondos. En Choluteca, por ejemplo, los afiliados a Koriun se tomaron carreteras para presionar a las autoridades a que exijan a los representantes de la empresa la entrega de los dineros de los aportantes. Estas acciones han generado molestias entre los conductores y la población en general.
El Ministerio Público, junto con la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), allanó las oficinas de Koriun en todo el país el 23 de abril de 2025. El administrador de Koriun Inversiones, Iván Velásquez, junto a su esposa, se encuentran recluidos por el delito de lavado de activos, luego que el juez les dictara un auto de formal procesamiento.
La situación de Koriun Inversiones destaca la importancia de mejorar la vigilancia y control de las instituciones financieras en Honduras, además de fomentar una mejor educación financiera entre los ciudadanos para prevenir que hechos semejantes ocurran nuevamente.