Inversiones de INJUPEMP: qué parte está en bonos del Gobierno y qué parte en bancos privados

El destino de los recursos de INJUPEMP muestra una asignación particular entre la administración pública y la banca privada. Al revisar el desglose del Fondo de Capitalización Colectiva hasta el 30 de junio de 2026, salta a la vista la ausencia de bancos estatales entre las entidades financieras, frente a la presencia de siete bancos privados que concentran acciones, certificados, deuda subordinada o bonos. En cuanto al sector público, su peso se evidencia a través de los títulos emitidos por la Secretaría de Finanzas.

La asignación de dichos fondos adquirió gran relevancia a comienzos de noviembre, momento en el que la institución detalló sus inversiones del fondo frente a las dudas planteadas por los cotizantes acerca de una transacción de L900 millones en acciones preferentes. Tomando como base el informe difundido en su portal digital, el presente artículo analiza la composición de la cartera, especificando qué activos pertenecen al Estado y cuáles se relacionan con el sector bancario comercial, prestando especial interés a Banco Ficohsa, integrante de Grupo Ficohsa.

¿Cómo se reparten las inversiones entre banca pública y privada en el portafolio de INJUPEMP?

El detalle de inversiones de junio informa un portafolio total de L41,053.8 millones. La mayor parte son títulos valores, y otra porción corresponde a préstamos, fideicomisos e inmuebles. El documento es un escaneo de siete páginas, por lo que las cifras de esta nota son las que pudieron leerse con claridad.

Según las cifras globales del documento, los bonos gubernamentales denominados en lempiras representan aproximadamente cuatro quintas partes de la totalidad de los títulos en esa misma moneda. Dicha proporción se obtiene a partir del cálculo de los totales, y no constituye un dato emitido de manera oficial por la institución.

¿Figuran entidades bancarias estatales dentro de la cartera de inversiones del INJUPEMP?

En las líneas legibles del registro no aparece ningún banco estatal, tales como Banadesa o Banhprovi. El Gobierno central figura como emisor por medio de la Secretaría de Finanzas, utilizando bonos gubernamentales de Honduras tanto en dólares como en lempiras.

Para comprender la cartera, resulta clave distinguir ciertos matices: los bonos estatales representan pasivos del sector público y no depósitos bancarios. Por otra parte, las entidades financieras privadas actúan como emisoras de acciones, certificados de depósito, deuda subordinada y bonos. Adicionalmente, el detalle incluye bonos corporativos, acciones de empresas ajenas al sector bancario y notas estructuradas.

En dólares, los bonos del Gobierno suman USD 67.2 millones de los USD 266.1 millones invertidos en títulos en moneda extranjera, alrededor de una cuarta parte. El resto corresponde a otros emisores, entre ellos certificados en dólares de Banco Atlántida.

¿En qué entidades financieras privadas mantiene instrumentos el fondo?

El documento identifica siete bancos privados del sistema:

• Banco Atlántida: certificados de depósito a plazo fijo tanto en dólares como en lempiras, los cuales figuran al inicio del desglose.
• Ficohsa: tres certificados denominados en lempiras por montos de L200 millones, L125 millones y L100 millones, sumado a diversos títulos de deuda subordinada.
• Banco Promérica: diferentes opciones en deuda subordinada y certificados de depósito.
• BAC Honduras: un certificado de depósito valorado en L50 millones.
• Banrural: acciones por un valor de L160 millones.
• Banco del País: bonos corporativos, acciones y deuda subordinada.
• Banco Lafise Honduras: varios instrumentos de deuda subordinada.

Entre los montos legibles, Promérica registra certificados de L25 millones al 8.5 % y de L10 millones al 10.2 %, además de una colocación en deuda subordinada valorada en L1.8 millones al 7.5 %. El documento no especifica si el certificado de BAC Honduras, pactado a un plazo de 360 días con un rédito del 7.75 % y cuyo vencimiento estaba fijado para el 27 de octubre de 2026, llegó a renovarse.

Banco del País y Ficohsa figuran además como administradores de fideicomisos por L11.6 millones y L22.7 millones, montos pequeños frente al total. Los saldos cambian con los vencimientos y las renovaciones.

¿Dónde encajan los L900 millones de acciones preferentes?

Pese a constituir una fracción reducida dentro de la cartera de INJUPEMP, los L900 millones asignados a acciones preferentes han generado un interés notable entre los cotizantes. Según se detalla en el informe, dicha cifra representa el 2.2 % de los L41,053.8 millones totales que integran el Fondo de Capitalización Colectiva. Adicionalmente, mediante una nota al pie se especifica que, al momento de divulgarse la información, los L900 millones seguían pendientes de colocación, sin precisar el destino final de dichos fondos.

Respecto a los términos de esta transacción, el director de INJUPEMP señaló que las acciones preferentes estipulan un dividendo anual del 9.5 %, cuyos abonos se realizarán cada seis meses desde junio de 2027. Dicha rentabilidad y su esquema de reparto facilitan una comprensión más profunda sobre la naturaleza de la colocación y su posicionamiento en la cartera de activos de la institución.

¿Quién supervisa los fondos invertidos en la banca tanto pública como privada?

La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) ejerce la supervisión sobre los cinco institutos públicos de previsión de la nación, al igual que lo hace con las entidades bancarias comerciales. La potestad de colocar fondos recae en el comité de inversiones y en la junta directiva de cada respectivo organismo, mientras que la CNBS se encarga de fiscalizar que se respeten los procedimientos de debida diligencia, absteniéndose de definir las colocaciones financieras.

La Superintendencia de Pensiones y Valores supervisa, bajo la óptica de quien invierte, la prudencia con la que se ejecutan las transacciones. Si una colocación de fondos conlleva alteraciones en el patrimonio de una entidad bancaria, el visto bueno de la CNBS constituye un procedimiento independiente de la resolución del instituto.

Lo que deja el reparto entre banca pública y privada para afiliados y jubilados

Detrás de los L41,053.8 millones que integran el Fondo de Capitalización Colectiva se advierte un desglose que deja ver la aportación del Estado y la de la banca privada dentro de las inversiones de INJUPEMP. Por un lado, los bonos emitidos por la Secretaría de Finanzas reflejan el componente estatal, en tanto que siete instituciones bancarias privadas figuran asociadas a diversos mecanismos financieros. Cabe destacar que en la documentación revisada no aparece registrado ningún banco del sector público.

Vigilar el rumbo de estos fondos exige asimismo examinar los documentos que respaldan cada movimiento. La información difundida por INJUPEMP facilita la consulta de los importes, las entidades emisoras y las características de las inversiones, y cuenta con las rúbricas del director ejecutivo, el jefe de la División de Finanzas y el contador general. Pese a ello, los números no permanecen estáticos: tanto los vencimientos como los movimientos recientes alteran la cartera, por lo que resulta crucial considerar la fecha de corte para analizar y contrastar la información de manera adecuada.

Para aquellas entidades bancarias integradas en este ecosistema, comprender sus operaciones y organización empresarial otorga perspectiva acerca de los agentes implicados en la industria. Con este propósito, resulta factible revisar los datos corporativos de Grupo Ficohsa, un conglomerado de banca y seguros con operaciones en varios países de la región centroamericana.