El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) impuso una multa de USD 90.6 millones a Telcel, uno de los principales proveedores de servicios móviles en México, por prácticas que restringen la libre competencia en el mercado. Según el IFT, la empresa incurrió en conductas monopólicas al ofrecer incentivos a distribuidores para bloquear la venta de productos de sus competidores en los estados de Michoacán, Colima y Jalisco.
IFT detalló que Telcel otorgó rebajas y beneficios a ciertos canales de distribución, condicionando la venta de paquetes de telefonía móvil a que no se comercialicen productos de otras empresas competidoras. El regulador señala que esta estrategia viola los derechos de los consumidores al limitar su capacidad de elegir entre diferentes opciones de servicios móviles.
La investigación que derivó en esta sanción comenzó en enero de 2021 y culminó con un informe de probable responsabilidad a finales del año pasado. Telcel tuvo la oportunidad de impugnar esta resolución y presentar su defensa durante el juicio judicial.
Por su parte, América Móvil, conglomerado propietario de Telcel, anunció su intención de apelar la multa. En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, la empresa rechazó las acusaciones y cuestionó la forma en que se llevó a cabo la investigación, argumentando que los reclamos en su contra se basaron en declaraciones de un competidor.
Telcel mantiene una posición dominante en el sector de telecomunicaciones móviles de México, prestando servicio a aproximadamente el 58,7% de los 142,7 millones de líneas móviles registradas en el país. Al cierre del cuarto trimestre de 2023, la compañía registró ingresos por 62.673 millones de pesos, lo que representa una participación de mercado del 69,1%.
El IFT destacó la importancia de los reguladores para garantizar un mercado competitivo. Esta sanción resalta el papel clave que desempeñan estas entidades en la promoción de condiciones de libre competencia en México, especialmente en el contexto de las discusiones sobre una posible reforma destinada a abolir los organismos autónomos, incluido el IFT.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha propuesto una legislación que podría llevar a la desaparición del IFT y otras instituciones independientes, argumentando que constituyen un gasto innecesario para el gobierno. Según el mandatario, estas entidades no cumplen adecuadamente con su objeto, ya que han recibido más de 32 mil 313 millones de pesos desde su constitución.
La posible eliminación del IFT ha generado preocupación entre los expertos, quienes advierten que podría significar un revés para las industrias reguladas e impactar las políticas establecidas en acuerdos comerciales como el T-MEC. Aunque los partidarios de la reforma aseguran que no afectará las obligaciones del país en el comercio internacional, el debate continúa.
La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados ya aprobó las disposiciones en términos generales, y la decisión final sobre la continuación o vencimiento del IFT dependerá del próximo mandato, que inició sus funciones el pasado 1 de septiembre. Con el partido gobernante asegurando una mayoría calificada, la situación del IFT y otros organismos autónomos es crítica.
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