El gobierno de Honduras sorprendió esta semana al anunciar su intención de poner fin al tratado de extradición firmado con Estados Unidos el 15 de enero de 1912. Este acuerdo, vigente desde hace más de un siglo, fue de fundamental importancia en la cooperación de ambos países en temas relacionados con el crimen organizado, especialmente el narcotráfico. La información fue proporcionada por el canciller Enrique Reina, quien afirmó que esta decisión respondió a instrucciones directas de la presidenta Xiomara Castro.
El anuncio se hizo tras la publicación de Castro en su cuenta oficial X (antes Twitter), donde ordenó una denuncia formal del tratado. Según el presidente, esta solución está respaldada por la Constitución de Honduras y tratados internacionales. Justificó además su decisión señalando una supuesta injerencia e intervencionismo por parte del gobierno de Estados Unidos, al que acusó de intentar influir en la política interna de Honduras a través de la Embajada y otros representantes diplomáticos en Tegucigalpa.
Las tensiones entre los dos países han aumentado luego de las declaraciones críticas emitidas por la embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, luego de una reciente visita de altos funcionarios hondureños a Venezuela. Entre los presentes estuvieron el Ministro de Defensa, Manuel Zelaya Rosales, y el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández Aguilar. Durante su visita, funcionarios hondureños se reunieron con Vladimir Padrino, ministro de Defensa de Venezuela, quien ha sido acusado por Estados Unidos de delitos de narcotráfico desde 2019.
La embajadora Dogu expresó su sorpresa al ver a representantes del gobierno hondureño reunirse con un funcionario vinculado a actividades ilegales, según denuncias estadounidenses. En sus palabras, señaló: «Me sorprende que funcionarios de este gobierno se sienten con miembros del cartel». Las declaraciones intensificaron las críticas al gobierno de Castro, que insistió en su compromiso de luchar contra el narcotráfico.
Por su parte, el gobierno venezolano ha negado firmemente cualquier vínculo con actividades de narcotráfico y ha reafirmado sus esfuerzos para combatir este flagelo. Hasta la fecha no se ha recibido respuesta oficial del Ministerio Público venezolano sobre estas acusaciones.
En Honduras, el anuncio de Xiomara Castro de poner fin al tratado de extradición desató un intenso debate. El constitucionalista Juan Carlos Barrientos calificó la medida como un acto de intolerancia que podría fomentar la impunidad en casos de narcotráfico. Según Barrientos, simplemente dar por terminado el tratado no es suficiente para que deje de estar en vigor. Explicó que para concretar esta decisión el asunto debe ser discutido y aprobado por el Congreso Nacional, donde se necesita una mayoría calificada para reformar la Constitución y modificar el marco legal relacionado con la extradición.
El actual partido Libertad y Refundación (Libre), actualmente gobernante, tiene 54 diputados de 128 en el Congreso, lo que le deja muy lejos de los 86 votos necesarios para aprobar cualquier resolución de este tipo. Esto complica las posibilidades de una derogación inmediata del tratado, lo que podría mantenerlo en vigor por ahora.
El tratado de extradición entre Honduras y Estados Unidos tiene una larga historia. Aunque se firmó en 1909, no entró en vigor hasta 1912. En 2013, fue modificado para incluir la extradición de ciudadanos hondureños acusados de delitos de tráfico de drogas, marcando un hito en la cooperación bilateral en la lucha contra el crimen organizado. Desde entonces, Honduras ha extraditado a 43 hondureños sospechosos de tales crímenes, incluido el ex presidente Juan Orlando Hernández, quien fue sentenciado en Estados Unidos a 45 años de prisión por cargos de tráfico de drogas.
Este caso es uno de los más emblemáticos de la historia reciente de Honduras. Durante el juicio a Hernández también se hicieron acusaciones contra otros exfuncionarios y expresidentes, entre ellos: Porfirio Lobo Sosa y Manuel Zelaya Rosales, así como el actual diputado y secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya. En agosto, el Fiscal General Johel Zelaya anunció que citaría a todos los hondureños nombrados en la demanda estadounidense contra Hernández, lo que generó expectativas de posibles investigaciones adicionales.
La decisión de revisar el tratado de extradición también provocó reacciones internacionales. CNN se comunicó con la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa y el Departamento de Estado para obtener comentarios y conocer su posición sobre este anuncio, aunque hasta el momento no se ha recibido una respuesta oficial.
A nivel nacional, el debate sobre la extradición toca un tema particularmente sensible para Honduras, un país que ha estado luchando contra los efectos del narcotráfico y la corrupción durante años. El tratado de extradición ha demostrado ser una herramienta clave en la lucha contra estos problemas, pero su posible derogación plantea interrogantes sobre cómo planea el gobierno de Xiomara Castro abordar estos desafíos en el futuro.
Mientras tanto, los analistas políticos señalan que la terminación del tratado puede tener consecuencias tanto diplomáticas como económicas. Históricamente, las relaciones entre Honduras y Estados Unidos han sido estrechas y han incluido cooperación en áreas como seguridad, comercio y ayuda humanitaria. Una ruptura en esta área podría impactar la percepción internacional del país y crear tensiones adicionales en un momento en que la región enfrenta desafíos compartidos en materia de gobernanza, desarrollo y lucha contra el crimen organizado.
En resumen, la decisión del Gobierno de Honduras de revisar el tratado de extradición con Estados Unidos representa un momento crítico en las relaciones bilaterales entre ambos países. Si bien la terminación del acuerdo aún no está completa, el debate que ha provocado refleja profundas divisiones sobre cómo abordar los problemas estructurales que afectan al país. Por ahora, el futuro del tratado y su impacto en la lucha contra el narcotráfico siguen siendo inciertos.