Un estudio descubrió el mal uso de fondos públicos asignados inicialmente para promover el emprendimiento, a través de un sistema de corrupción que involucra a funcionarios, políticos y empresas inexistentes. Los recursos, que estaban destinados a asistir a microempresarios y emprendedores en situaciones difíciles, acabaron en cuentas privadas, sin alcanzar las metas fijadas en los programas sociales.
El sistema de desvío operaba mediante acuerdos entre instituciones gubernamentales y organizaciones no lucrativas, fundaciones y asociaciones civiles que pretendían dirigir los recursos a verdaderos beneficiarios. No obstante, muchas de estas entidades funcionaban como pantallas para justificar gastos falsos, aumentar presupuestos y generar facturas por servicios que jamás se llevaron a cabo.
Los informes analizados indican que una porción importante del presupuesto destinado al programa fue desviada hacia cuentas bancarias vinculadas con operadores políticos y negocios sin actividad comercial genuina. Las transacciones se llevaron a cabo bajo el pretexto de proporcionar apoyo técnico, capacitación, adquisición de materiales o entrega de capital inicial, pero en la mayoría de los casos no se realizaron seguimientos ni se obtuvieron resultados verificables.
En varios casos, las auditorías internas e informes de la entidad encargada de ejecutar el programa detectaron irregularidades, como la falta de comprobantes, pagos por duplicado, proyectos inexistentes y beneficiarios que nunca recibieron los recursos. A pesar de ello, las observaciones fueron ignoradas o justificadas por funcionarios de alto nivel, quienes dieron por válidos los expedientes y permitieron la continuidad de los convenios con las organizaciones implicadas.
El mismo esquema se reiteró a lo largo de diferentes años fiscales, con un constante desvío de fondos mediante diversas técnicas. Uno de los descubrimientos más importantes fue la adjudicación directa de millones de lempiras a organizaciones que no cumplían con las normativas legales o que se habían creado poco antes de establecer los acuerdos. En ciertas circunstancias, se descubrió el uso de nombres de personas fallecidas como supuestos beneficiarios.
Asimismo, una serie de contratos se asignaron sin pasar por un proceso de licitación abierto, beneficiándose de lagunas legales y decretos de emergencia que autorizaban métodos acelerados. Esta situación permitió que las resoluciones se adoptaran de manera discrecional, sin supervisión ciudadana ni una rendición de cuentas adecuada.
Las conexiones entre los responsables de las asociaciones beneficiadas y actores políticos activos sugieren un esquema de clientelismo político disfrazado de política social. Los recursos eran utilizados no solo para enriquecimiento ilícito, sino también para generar estructuras de poder territorial y movilización electoral, lo que profundiza el daño institucional.
Mientras tanto, los emprendedores reales, quienes debían ser el motor del desarrollo local y la recuperación económica, fueron abandonados. Muchos relatan que realizaron solicitudes, presentaron proyectos e incluso asistieron a capacitaciones, pero nunca recibieron el capital prometido. Otros aseguran que se les pidió firmar documentos para justificar entregas que jamás ocurrieron.
El asunto ha causado una gran indignación en varios sectores sociales, quienes demandan una exhaustiva investigación, la aclaración de responsabilidades y la restitución de los dineros públicos. Asimismo, ha reavivado la discusión acerca de la urgencia de modificar los sistemas de supervisión y control del gasto social, y de asegurar una mayor transparencia en la implementación de programas destinados a las personas más desfavorecidas.
Hasta ahora, no se han formulado cargos oficiales contra los supuestos involucrados, aunque diversas unidades de investigación han iniciado la recolección de pruebas documentales y testimonios importantes. Se anticipa que, a medida que las indagaciones progresen, se aclare el paradero de los recursos y se asignen responsabilidades personales y administrativas.
Este nuevo escándalo de corrupción pone en tela de juicio la eficacia de los programas sociales y la voluntad política para combatir el desvío de recursos públicos. A medida que surgen más detalles, crece la presión para que las autoridades actúen con contundencia y aseguren que el dinero del Estado cumpla su función de servir al pueblo, y no a intereses particulares.
